En Colombia, cuando el río suena los gobernantes se hacen los sordos y los ciegos. Aunque las autoridades están al tanto de la apropiación e invasión de terrenos no aptos para la construcción de viviendas, prefieren voltear la mirada en lugar de aplicar la ley de ordenamiento territorial y desalojarlos.
La madrugada del martes pasé literalmente una noche de perros. Los rayos y centellas de una fuerte tormenta puso a mis perritos, Rusty y Sasha, al borde de un ataque de nervios a las 4 de la mañana. Aunque quería estrangularlos por desvelarme, me paré a calmarlos con un pedazo de pan.
Un par de horas después, me senté a desayunar y a leer los últimos detalles de la tragedia de Mocoa. Por un instante pensé, si yo estoy asustada escuchando los truenos y la lluvia torrencial–aún sabiendo que mi casa está construída con los materiales adecuados y en una zona residencial apta–¿qué habrán sentido las víctimas la noche del 1 de abril?
Los artículos en las páginas web de los periódicos colombianos me provocaron tristeza y rabia. No solo por la crudeza de las imágenes, sino porque la mayoría de los medios de comunicación repetían que la causa del desastre fue la proporción de la caída de lluvia en un tiempo tan corto (106 milímetros de agua entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana), en lugar de la proporción de negligencia y falta de acción del gobierno.
En un artículo publicado por la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia, el pasado lunes 3 de abril, el geólogo Germán Vargas Cuervo, profesor del Departamento de Geografía de la U.N., explicó que la tragedia de Mocoa ya había anunciada.
También añadió que, desastres similares podrían repetirse en otros 385 municipios ubicados en las riberas de los ríos o cauces menores del país, debido a la ineficacia de la implementación de los esquemas de ordenamiento territorial de la Ley 388 de 1997.
Entonces yo me pregunto, si el gobierno sabía lo que tenía que hacer para evitar esta tragedia, ¿por qué no hizo nada? La respuesta es simple: los políticos necesitan mantener a un segmento de la población en la pobreza, y especificamente en las zonas geográficas de riesgo, para asegurar que calamidades como la de Mocoa ocurran de vez en cuando.
De esta manera, el honorable Presidente de la República se puede tomar fotos con la camisa remangada y botas pantaneras para salir del lodazal de corrupción que ha nublado su segundo mandato, al tiempo que borra del ciclo de noticias las multitudinarias protestas que pedían su renuncia en todo el país.
Esta tragedia también sirve para que los honorables representantes a la cámara desplieguen un show de bondad en las redes sociales, anunciando que donarán un día de sueldo a los damnificados del Putumayo–el cual equivale más o menos a un millón de pesos de los 28 mensuales que ganan con tanto esfuerzo, roncando y rascándose la panza en las sesiones plenarias.
Lamentablemente en Colombia, cuando el río suena los gobernantes se hacen los sordos y los ciegos. Aunque las autoridades están al tanto de la apropiación e invasión de terrenos no aptos para la construcción de viviendas, prefieren voltear la mirada en lugar de aplicar la ley de ordenamiento territorial y desalojarlos.
Solo me resta pedirle a Dios por el descanso de las víctimas de esta tragedia y sus familias. Ojalá que las casitas que Santos prometió construirles a los damnificados no sean como las que mi hijo construye con sus bloques de madera, sin planos ni ingeniería.
Y vamos a ver también, en manos de quién queda la cuenta de Davivienda y las generosas donaciones de los colombianos y del resto del mundo.
Gracias por leer y compartir.
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