Los magistrados estudiaron la reforma del presidente para regularizar a casi cinco millones de indocumentados en Estados Unidos.
Uno de los pilares de la política doméstica de Obama, la reforma migratoria que anunció en 2014 y que podría regularizar a casi cinco millones de indocumentados, llegó este lunes al Tribunal Supremo, donde los jueces se mostraron divididos sobre su legalidad. Los magistrados escucharon ayer los argumentos de un caso que será resuelto en el mes de junio y cuya sentencia puede tener un profundo impacto en la campaña electoral por la presidencia y marcar el legado del mandatario demócrata.
En el centro del caso están dos cuestiones. La primera es si el Estado de Texas, el primero en presentar una querella contra la reforma de Obama a la que se han sumado otros 25 gobernadores, tiene legitimidad para declararse en perjuicio por la regulación de indocumentados. La segunda es si el presidente se excedió en sus competencias al decidir que se cancelasen las deportaciones de un grupo específico de sin papeles y otorgarles después un permiso de trabajo y residencia temporal.
Tras ser cancelada su deportación, ese grupo de inmigrantes tendría acceso, por ejemplo, a permisos de conducir expedidos por los Estados donde viven. Texas asegura que esto constituye un perjuicio porque deberá costearlos con dinero público. El presidente de la Corte, John Roberts, recogió este argumento al poner en duda si el hecho de que Texas “pierda dinero” al costear esos permisos no “sea un caso básico de legitimidad” para presentar esta demanda.
El juez conservador Samuel Alito también se mostró favorable a esta propuesta al pedir al abogado defensor del Gobierno, Donald Verrilli, que explicara “cómo esto no supone un perjuicio en este caso”. Cuando Verrilli explicó que Texas ya cuenta con una ley que concede esos mismos permisos a personas con estatus migratorios temporales y que la Administración Obama “no legisla en contra de Texas”, Alito interrumpió nuevamente en su defensa: “Lo que usted está diciendo es que se han perjudicado a sí mismos”.
Frente al ala conservadora del Tribunal, las jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ruth Ginsburg lideraron las preguntas a los abogados de Texas, responsables de defender su demanda. Scott Keller no había terminado de presentar su caso sobre cómo la reforma de Obama “constituye la mayor modificación a una ley de inmigración en la historia de nuestro país cuando Sotomayor le interrumpió: “¿Cómo puede usted decir eso?” Según la primera juez hispana del Tribunal, el mandato de Ronald Reagan en 1986 regularizó al 40% de la población indocumentada, pero los programas de Obama no beneficiarán a más del 35% de los 11,4 millones de sin papeles.
Keller especificó entonces que Obama se excedió en sus competencias al ir más allá de cancelar las deportaciones porque su programa, conocido como DAPA, convierte a una persona que vive de manera ilegal en el país en un “residente legal”. Las jueces progresistas enfatizaron en varias de sus preguntas que la legislación estadounidense a contempla esta posibilidad, pero el abogado de Texas insistió en que la concesión de un permiso de trabajo es competencia única del Congreso.
La abogada de la Cámara de Representantes —la institución inusualmente se personó en este caso— añadió que el presidente “quiere hacer algo más que cancelar deportaciones”. Este argumento puede haber convencido al juez Anthony Kennedy, uno de los votos decisivos en este caso. “El presidente está creando una política y el Congreso entonces es el encargado de ejecutarla, pero eso debería ser al revés”, dijo Kennedy, que pidió a los defensores del Gobierno que explicaran cómo, de ser así, Obama no se estaría excediendo en sus competencias.
Verrilli explicó que la Administración no considera que DAPA sea equivalente a una ley de inmigración y que no está asumiendo poderes que corresponden al Congreso, sino que simplemente indica al Departamento de Seguridad Nacional qué indocumentados constituyen el grupo de “baja prioridad” de cara a las deportaciones. La Casa Blanca asegura que el presidente puede decidir cómo aplicar las leyes de inmigración y que durante los últimos 50 años, distintos presidentes han aprobado más de 20 normativas similares, que después han sido ratificadas por el poder legislativo.
La reforma de Obama, aprobada en noviembre de 2014 en respuesta al bloqueo republicano en el Congreso a las reformas de inmigración, creó un programa conocido como DAPA y que concede un permiso de residencia y trabajo temporal a los padres indocumentados de niños estadounidenses que demostrasen haber residido en Estados Unidos más de cinco años y, entre otros requisitos, carecieran de antecedentes penales. El decreto de Obama también ampliaba los términos de DACA, creado dos años antes para cancelar las deportaciones y entregar los mismos permisos a más de un millón de dreamers, como se conoce a los estudiantes indocumentados.
Fuente: elpais.com
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