Todos los derechos para todas las personas

En democracia, tiranía o dictadura los ciudadanos enfrentan barreras de tipo político, económico y social para ejercer sus libertades y hacer valer sus derechos, ya sea de manera abierta o subrepticia.

Estamos en un siglo lleno de retos, un siglo en donde los ciudadanos debemos precipitar los cambios, en donde cada uno de nosotros en su pequeño o gran círculo es gestor del futuro que desea.

Para nadie es un secreto que en nuestra sociedad algunas personas y sus empresas gozan de privilegios que los convierten en ganadores de contratos sin cumplir los requisitos legales, excepciones fiscales e impunidad, entre otros privilegios inmerecidos y excluyentes.

Pero ellos son solo una parte del gigantesco iceberg que pasa desapercibido delante de nuestros ojos, porque como podemos observar, los gobernantes heredan a sus pupilos los países, estados y ciudades que han gobernado y que han tratado como sus negocios particulares, y esperan que ese poder vuelva a sus familias más pronto que tarde, siendo presidentes, gobernadores y alcaldes dos o tres personas de una misma familia.

Esto es algo ilógico si tenemos en cuenta que nuestros países tienen millones de habitantes, y entre ellos personas con hojas de vida intachables, con el conocimiento y la experiencia para postular sus nombres a los más altos cargos de elección popular, y ser elegidos.

Empresarios multimillonarios que reciben todo el apoyo del gobierno en sus quejas y reclamos, y se ven beneficiados por leyes, subsidios, contratos, compensaciones y privatizaciones, entre otros.

Bancos y entidades financieras que cobran altas tasas de interés a los clientes, y pagan bajos intereses a los ahorradores, además de cobrar por prácticamente cualquier servicio, encareciendo el acceso a los productos financieros, negocios redondos donde los banqueros exponen su dinero y el del público, pero en los cuales difícilmente está en riesgo su patrimonio, porque cuando tienen dificultades, el gobierno sale en su rescate con el dinero de los ciudadanos a quienes ellos han empobrecido.

Grupos o partidos políticos que toman como fortín entidades estatales y desde allí promueven la corrupción, el clientelismo y el direccionamiento de los programas sociales para favorecer a sus militantes, convirtiendo la entidad, sus recursos y programas sociales en combustible para fortalecer su maquinaria electoral.

En donde tiene impunidad quien es afecto al poder o miembro de los partidos dominantes, y la oposición es avasallada por fallos adversos injustos e inhabilidades, sacando del camino a sus líderes.

Países en donde lo que menos se imparte es justicia, y campea la delincuencia, el concierto para delinquir, y los jueces y fiscales prevaricadores.

Ejemplos en donde podemos palpar cómo la desigualdad y la violencia son generadas por los mismos gobiernos y sus integrantes, porque desde sus más íntimos círculos alientan el irrespeto, la injusticia, la exclusión, el racismo, la impunidad, el clasismo, el arribismo y la corrupción, entre otros.

No deben existir ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría, porque al fin y al cabo, sin importar si somos simpatizantes u opositores, ricos o pobres, somos ciudadanos de un mismo país, y eso a los ojos de la ley nos hace iguales.

Un gobierno debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

 

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